Durante cuatro meses, el Estado y las empresas petroleras privadas llevan adelante un proceso de renegociación de los contratos hidrocarburíferos. Mañana vence el plazo para la firma y desde el Estado se reconoció que dos empresas no renovarán sus contratos. El hermetismo marcó el ritmo de las negociaciones.
Que el petróleo es propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado ecuatoriano y que por lo tanto es el único y exclusivo propietario de todos los yacimientos de hidrocarburos y sustancias que los acompañan es la primera condición que el Gobierno impuso a las empresas privadas para la negociación de los nuevos contratos petroleros.
Con la promulgación de las Reformas a la Ley de Hidrocarburos, el pasado 26 de julio, se abrió una etapa de renegociación con las operadoras privadas para cambiar la modalidad contractual: de contratos de participación a otros de prestación de servicios.
Durante estos cuatro meses, el trabajo de los equipos negociadores se ha mantenido en reserva. Aunque el sábado pasado, el propio presidente Rafael Correa reconoció que dos empresas no firmarán los nuevos contratos, sin adelantar los nombres.
Pero desde la prensa nacional y agencias internacionales se conoció que Petrobrás sería una de las que no llegó a un acuerdo con las autoridades ecuatorianas. Así lo dio a conocer Diario El Comercio, en su edición del sábado.
La tarifa fue la principal traba para las conversaciones con esta empresa, aseguró el ministro el ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pástor. “Esa es la razón principal y a Petrobras probablemente no le gusta el contrato de prestación de servicios”, indicó el funcionario.
Antes de que empiece el proceso de negociación, el Ministro indicó que este se realizaría en dos fases. En la primera, las compañías conocerían y debatirían con el Gobierno los detalles administrativos, tributarios y jurídicos del acuerdo. En una segunda etapa se trataría la tarifa que pagará el Estado por cada barril de crudo producido.
Se trabajó con cuatro borradores de contratos, los cuales recibieron observaciones de las petroleras. En la primera reunión, el pasado 25 de agosto, el Gobierno habló con 38 representantes de 15 compañías quienes advirtieron sobre la rigidez de la tarifa que se pagará por los servicios de exploración y producción de hidrocarburos. Además, rechazaron la obligación de renunciar al Ciadi en caso de tener discrepancias con el Estado.
Después de ese encuentro, tanto las petroleras como el Gobierno mantuvieron un bajo perfil sobre el tema. Hace un mes, el presidente Rafael Correa anunció el cierre de las negociaciones con dos empresas petroleras, pero no se mencionó sus nombres.
La estatal chilena Enap fue la primera empresa que anunció públicamente su disposición de negociar, tras la visita del presidente de Chile, Sebastián Piñera. Luego, con la llegada de la ministra española de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, se adelantó la voluntad de la petrolera Repsol-YPF para llegar a un acuerdo.
“Hay voluntad tanto del Gobierno ecuatoriano para que pueda desarrollar de forma fructífera esa negociación y también por parte de la empresa (…) Hay respeto por parte de la empresa a las reglas de juego que están en este momento en el Ecuador”, dijo la funcionaria.
Son 33 las empresas que deben renegociar los nuevos modelos contractuales. En el país operan, además de Enap y Repsol, la brasileña Petrobras, el consorcio chino Andes Petroleum, la italiana Eni, entre otras.
Del cuarto borrador de contrato, que sería el definitivo, nadie da detalles. Analistas, abogados petroleros, miembros de la Asociación de Empresas Hidrocarburíferas y hasta el propio ministerio prefieren no adelantar criterios sobre el contenido del documento. El plazo para la firma del contrato para los campos grandes concluye mañana. Los campos marginales tienen hasta el 23 de diciembre para cerrar la negociación.
Un tercer borrador, al que tuvo acceso Buró de Análisis, muestra algunos de los puntos clave del documento contractual. El documento tiene 77 páginas y 35 cláusulas. En la octava, (Derechos y Obligaciones de las partes) se establece que la contratista no tiene derecho a explotar recursos naturales distintos del petróleo Crudo existentes en el área del contrato, aunque esos recursos hubieren sido descubiertos por ella.
La empresa también tiene la responsabilidad de construir obras civiles y facilidades petroleras de acuerdo con el plan de actividades y otros planes acordados por las partes. También deben adquirir e instalar, a su costo, los equipos que servirán para efectuar la medición y las determinaciones volumétricas, ajustes por temperatura, contenido de agua y sedimentos y otras mediciones necesarias para determinar el volumen de la producción.
Este borrador del contrato dispone también que la contratista construya o amplíe a su costo todos los ductos y facilidades de transporte y almacenamiento, desde los campos hasta el centro de fiscalización y entrega. Y que debe entregar la producción fiscalizada en este Centro.
En la operación, la empresa deberá emplear a un mínimo de ecuatorianos. Así, dispone que se contrate 95% de personal de obreros y empleados administrativos, mientras que para el personal técnico se fija un 75%, a menos que no hubiere técnicos nacionales disponibles. También tiene la obligación de recibir estudiantes o egresados de educación técnica superior relacionada con la industria de hidrocarburos, corriendo con los gastos de transporte, alojamiento, alimentación y atención médica menor y de emergencia.
La empresa deberá presentar en el primer mes de cada año a la Secretaría de Hidrocarburos y a la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero un informe detallado sobre las inversiones, costos y gastos, así como copia de los estados financieros debidamente auditados.
Y a la terminación del contrato, deberá entregar los pozos, bienes, instalaciones, equipos y obras de infraestructura existentes a esa fecha en el Área del Contrato, en el entendido de que a partir de su entrega, la Secretaría asumirá en forma exclusiva toda responsabilidad sobre dichos pozos, bienes, instalaciones, equipos y obras de infraestructura.
Fuente: Buró de análisis
Informativo
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