La aplicación de una disposición de la Ley de Servicio Público, destinada a separar obligatoriamente del sector público a quienes han cumplido su tiempo de servicio, está generando más de una inquietud.
Si bien el reglamento todavía no está listo, en varias dependencias ya se han sentido los efectos de la que pudiera resultar una política inconsulta, en la medida en que no considera excepciones ni toma en cuenta aspectos humanos elementales, cuando se trata de jubilar a un profesional que ha brindado una buena parte de su vida y sus conocimientos a una institución.
Médicos especialistas a quienes ya no se permitirá ejercer la cirugía o dictar cátedra, técnicos de alta calificación cuyos conocimientos ya no pesarán en la toma de decisiones, son algunos de los casos que están saliendo a flote con la aplicación prematura de la normativa.
Estos problemas, cuyas dimensiones son difíciles de cuantificar en este momento, se agravan por el hecho de que, paralelamente, no se ha contemplado un programa que permita la reinserción productiva de profesionales que aspiran a seguir siendo útiles a la sociedad.
Con la anterior normativa, la jubilación no era obligatoria. Es necesario decir, sin embargo, que la permanencia de funcionarios y empleados que ya habían cumplido sus años de servicio no siempre estaba ligada a su calidad o a sus aportes, sino al hecho de que las jubilaciones eran muy bajas o a que el despido resultaba muy costoso.
Hoy el Gobierno quiere regularizar esta situación y ha buscado unas condiciones económicas racionales que aún deben ser precisadas. Ese afán, junto con el deseo de este Gobierno de rodearse de funcionarios que sintonicen con sus ideas sobre el manejo de la cosa pública, no puede, sin embargo, obviar este problema humano y social.
Si bien el reglamento todavía no está listo, en varias dependencias ya se han sentido los efectos de la que pudiera resultar una política inconsulta, en la medida en que no considera excepciones ni toma en cuenta aspectos humanos elementales, cuando se trata de jubilar a un profesional que ha brindado una buena parte de su vida y sus conocimientos a una institución.
Médicos especialistas a quienes ya no se permitirá ejercer la cirugía o dictar cátedra, técnicos de alta calificación cuyos conocimientos ya no pesarán en la toma de decisiones, son algunos de los casos que están saliendo a flote con la aplicación prematura de la normativa.
Estos problemas, cuyas dimensiones son difíciles de cuantificar en este momento, se agravan por el hecho de que, paralelamente, no se ha contemplado un programa que permita la reinserción productiva de profesionales que aspiran a seguir siendo útiles a la sociedad.
Con la anterior normativa, la jubilación no era obligatoria. Es necesario decir, sin embargo, que la permanencia de funcionarios y empleados que ya habían cumplido sus años de servicio no siempre estaba ligada a su calidad o a sus aportes, sino al hecho de que las jubilaciones eran muy bajas o a que el despido resultaba muy costoso.
Hoy el Gobierno quiere regularizar esta situación y ha buscado unas condiciones económicas racionales que aún deben ser precisadas. Ese afán, junto con el deseo de este Gobierno de rodearse de funcionarios que sintonicen con sus ideas sobre el manejo de la cosa pública, no puede, sin embargo, obviar este problema humano y social.
Fuente: El Comercio
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