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| José Miguel Vivanco, director de Human Right Watch. |
La situación de los derechos humanos en Colombia sigue siendo grave. Esa es la gran conclusión del informe que divulga hoy en el Club Nacional de Prensa en Washington la ONG estadounidense Human Rights Watch. El organismo constata un cambio positivo en el discurso del gobierno de Juan Manuel Santos con respecto al de Álvaro Uribe, pero su director para las Américas, José Miguel Vivanco, deja claro que ese discurso debe transformarse en una política efectiva. Debe pasar el dicho al hecho. “Estamos a la espera de resultados del gobierno del presidente Santos. Sin resultados no habrá cambios”, le dijo a SEMANA hace pocos minutos Vivanco, que el jueves pasado le envió una carta al vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, quien hoy inicia una visita de una semana a Washington. La misiva califica de favorable el hecho de que Santos se haya declarado dispuesto a mejorar la situación de los derechos humanos en el país, pero deja claro que se requieren acciones y no sólo palabras.
La opinión de Human Rights Watch, prestigiosa ONG estadounidense, es importante para Colombia. ¿Por qué? Porque el desempeño nacional en cuanto a la protección de los derechos humanos es tomado en consideración en todo momento por el Congreso norteamericano –y especialmente por la bancada del partido demócrata que controla las mayorías en el Senado–, que aún no ha sometido a votaciones el Tratado de Libre Comercio firmado por Estados Unidos y Colombia el 22 de noviembre del 2006.
El informe de Human Rights Watch pone por delante que tanto las FARC como el ELN cometen “graves abusos contra la población civil” y agrega que el primero de esos grupos guerrilleros “se ve involucrado frecuentemente en asesintos, amenazas, desplazamiento forzado y reclutamiento de niños para el conflicto”. Después señala que el número de desplazados en el país desde 1997 se acerca a los cuatro millones, según la ONG colombiana CODHES.
Human Rights Watch critica los resultados de la Ley de Justicia y Paz. “La implementación de esa ley, que reduce drásticamente las penas para los paramilitares desmovilizados que confiesen haber cometrido atrocidades, ha sido lenta y dispar”, dice. Y añade: “En noviembre de 2010, más de cinco años después de la sanción de la ley, sólo hubo dos condenas y los fiscales han recuperado una fracción ínfima de los millones de acres de tierras que fueron tomadas por los paramilitares”.
El estudio advierte asimismo que el problema de los ‘falsos positivos’ aún persiste y subraya que “Colombia continúa siendo el país con mayor número de asesinatos de sindicalistas en todo el mundo”. Si bien ese número, puntualiza, se redujo a 39 en 2007, hubo 52 en 2008, 47 en 2009, y entre enero y el 15 de septiembre de 2010, hubo 36, según la Escuela Nacional Sindical. El lío es que sólo el 25% de los 2.800 casos denunciados desde 1986 son investigados por la Fiscalía General de la Nación.
La opinión de Human Rights Watch, prestigiosa ONG estadounidense, es importante para Colombia. ¿Por qué? Porque el desempeño nacional en cuanto a la protección de los derechos humanos es tomado en consideración en todo momento por el Congreso norteamericano –y especialmente por la bancada del partido demócrata que controla las mayorías en el Senado–, que aún no ha sometido a votaciones el Tratado de Libre Comercio firmado por Estados Unidos y Colombia el 22 de noviembre del 2006.
El informe de Human Rights Watch pone por delante que tanto las FARC como el ELN cometen “graves abusos contra la población civil” y agrega que el primero de esos grupos guerrilleros “se ve involucrado frecuentemente en asesintos, amenazas, desplazamiento forzado y reclutamiento de niños para el conflicto”. Después señala que el número de desplazados en el país desde 1997 se acerca a los cuatro millones, según la ONG colombiana CODHES.
Human Rights Watch critica los resultados de la Ley de Justicia y Paz. “La implementación de esa ley, que reduce drásticamente las penas para los paramilitares desmovilizados que confiesen haber cometrido atrocidades, ha sido lenta y dispar”, dice. Y añade: “En noviembre de 2010, más de cinco años después de la sanción de la ley, sólo hubo dos condenas y los fiscales han recuperado una fracción ínfima de los millones de acres de tierras que fueron tomadas por los paramilitares”.
El estudio advierte asimismo que el problema de los ‘falsos positivos’ aún persiste y subraya que “Colombia continúa siendo el país con mayor número de asesinatos de sindicalistas en todo el mundo”. Si bien ese número, puntualiza, se redujo a 39 en 2007, hubo 52 en 2008, 47 en 2009, y entre enero y el 15 de septiembre de 2010, hubo 36, según la Escuela Nacional Sindical. El lío es que sólo el 25% de los 2.800 casos denunciados desde 1986 son investigados por la Fiscalía General de la Nación.
Fuente: Semana.com
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