La Comisión Nacional de Protección de Periodistas (CONAPRO) rechaza rotundamente la decisión de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de ordenar el embargo ejecutivo sobre bienes de Globovisión debido a que pone en peligro el derecho a la libertad de expresión e información.
El 28 de junio de 2012, el TSJ dictó sentencia en la cual decretó el embargo ejecutivo sobre los bienes propiedad de Globovisión Tele, C.A. por la cantidad de Bs. 24.425.216,40, monto que resulta más del doble de los 9.394.314 bolívares, cantidad que se le impuso por concepto de multa por las transmisiones de los hechos sucedidos en el Rodeo I y II en el año 2011, proveniente de la suma de Bs. 18.788.628,00; más las costas de la ejecución, estimadas por el Tribunal en Bs. 5.636.588,40.
Vale mencionar que Corpomedios GV Inversiones, C.A. y Globovisión-Tele, C.A. interpusieron una acción de nulidad en contra de la Providencia Administrativa y planilla de pago en las que se establece la multa contra Globovisión. Esta acción fue ejercida conjuntamente con dos medidas cautelares con el propósito de suspender el cobro, ambas negadas por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y ratificadas estas decisiones por la misma Sala Político Administrativa del TSJ. El recurso de nulidad aún no ha sido resuelto.
La decisión del TSJ de decretar el embargo ejecutivo viola el derecho de libertad de expresión e información que tienen los que laboran en Globovisión y las personas que utilizan este medio de comunicación para mantenerse informados. Como ya se ha manifestado anteriormente, esta multa en sí es una restricción ilegítima de la libertad de expresión, pues los parámetros por los cuales ha sido sancionado este medio de comunicación (alteración al orden público, apología del delito, promoción del odio por razones políticas y fomento de la zozobra en la ciudadanía), no están debidamente desarrollados en la ley y han sido interpretados fuera de los estándares internacionales de derechos humanos.
El hecho de ejecutar este embargo ejecutivo alteraría indiscutiblemente el derecho a la libertad de expresión, pues vería imposibilitados a los periodistas y personas que aquí laboran a continuar ejerciendo sus funciones profesionales, lo cual además restringiría el derecho de todas las personas a estar informados a partir de una pluralidad de medios.
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