El decreto entró en vigor en todo el país
como una medida que pretende ahorrar millones de dólares, pero que es
criticada por activist
Inmigrantes y activistas protestaron por los recortes al sistema de salud español que fueron puestos en marcha por el gobierno (EFE).
El fin de la renovación de tarjetas sanitarias a personas sin papeles —una medida con la que Madrid calcula ahorrar unos 500 millones de euros (625 millones de dólares)— ha chocado con la oposición de numerosos grupos sociales y de los médicos, que dijeron que seguirán atendiendo a aquellos pacientes que se queden fuera del sistema.
La vocera del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó en rueda de prensa que la cobertura se restringirá a los inmigrantes en situación irregular que ahora tendrán "derecho a una asistencia sanitaria (de urgencia), pero no utilizando una tarjeta sanitaria que (también) confiere derechos a sus familiares".
Fuente: CNN méxico
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