Hijo de Abdalá Bucaram Ortiz rechaza decisión del CNE

Abadalá (Dalo) Bucaram Pulley, hijo del exmandatario de Ecuador Abdalá Bucaram Ortiz y actual precandidato a la Presidencia, cuestionó esta mañana la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de rechazar la postulación.

El Universo

En entrevista con Citynoticias (89.3 FM en Guayaquil), Dalo Bucaram señaló que el presidente Rafael Correa ordenó al CNE, desde España, que niegue la candidatura de su padre.

El CNE anunció esta mañana la decisión en su página web, alegando que "no calificó la candidatura por haber incumplido en las disposiciones constitucionales legales y reglamentarias del ordenamiento jurídico vigente".

En la cuenta Twitter, el CNE señala que se rechaza la inscripción al no estar presente en la aceptación de la designación.

Rechaza Ecuador criminalización por dar asilo a Assange

Me preocupa que se criminalice al gobierno ecuatoriano por ello y no se hable de que el inglés amenace al de Ecuador, dijo el embajador sudamericano.

Notimex
Publicado: 30/08/2012 10:23

Bogotá. El embajador de Ecuador en Colombia, Raúl Vallejo rechazó la criminalización del gobierno del presidente Rafael Correa por dar asilo al fundador de WikiLeaks, Julián Assange, quien permanece refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres, Reino Unido.
"Me preocupa que se criminalice al gobierno ecuatoriano por concederle el asilo y no se hable acerca de algo que es fundamental: que el gobierno inglés ha amenazado al de Ecuador y que le niega el salvoconducto", dijo en entrevista con el diario colombiano El Tiempo.
Quito concedió hace dos semanas la condición de asilado a Assange, quien se refugió en la embajada ecuatoriana en Londres el 19 de junio pasado, decisión que derivó en un incidente diplomático con Gran Bretaña.
El fundador de WikiLeaks, sitio que reveló documentos confidenciales de Estados Unidos y otros países, pidió refugio para evitar su extradición a Suecia, donde es acusado de presuntas agresiones sexuales a dos mujeres, por considerar que su caso tiene motivaciones políticas.

Fuente: La Jornada

CONAPRO RECHAZA DECISIÓN DEL TSJ DE EMBARGO EJECUTIVO DE BIENES DE GLOBOVISIÓN

La Comisión Nacional de Protección de Periodistas (CONAPRO) rechaza rotundamente la decisión de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de ordenar el embargo ejecutivo sobre bienes de Globovisión debido a que pone en peligro el derecho a la libertad de expresión e información. El 28 de junio de 2012, el TSJ dictó sentencia en la cual decretó el embargo ejecutivo sobre los bienes propiedad de Globovisión Tele, C.A. por la cantidad de Bs. 24.425.216,40, monto que resulta más del doble de los 9.394.314 bolívares, cantidad que se le impuso por concepto de multa por las transmisiones de los hechos sucedidos en el Rodeo I y II en el año 2011, proveniente de la suma de Bs. 18.788.628,00; más las costas de la ejecución, estimadas por el Tribunal en Bs. 5.636.588,40. Vale mencionar que Corpomedios GV Inversiones, C.A. y Globovisión-Tele, C.A. interpusieron una acción de nulidad en contra de la Providencia Administrativa y planilla de pago en las que se establece la multa contra Globovisión. Esta acción fue ejercida conjuntamente con dos medidas cautelares con el propósito de suspender el cobro, ambas negadas por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y ratificadas estas decisiones por la misma Sala Político Administrativa del TSJ. El recurso de nulidad aún no ha sido resuelto. La decisión del TSJ de decretar el embargo ejecutivo viola el derecho de libertad de expresión e información que tienen los que laboran en Globovisión y las personas que utilizan este medio de comunicación para mantenerse informados. Como ya se ha manifestado anteriormente, esta multa en sí es una restricción ilegítima de la libertad de expresión, pues los parámetros por los cuales ha sido sancionado este medio de comunicación (alteración al orden público, apología del delito, promoción del odio por razones políticas y fomento de la zozobra en la ciudadanía), no están debidamente desarrollados en la ley y han sido interpretados fuera de los estándares internacionales de derechos humanos. El hecho de ejecutar este embargo ejecutivo alteraría indiscutiblemente el derecho a la libertad de expresión, pues vería imposibilitados a los periodistas y personas que aquí laboran a continuar ejerciendo sus funciones profesionales, lo cual además restringiría el derecho de todas las personas a estar informados a partir de una pluralidad de medios.