07/02/2012 18:01 Antiguedad: 18 hrs
Categoría: Politica, Análisis
Por: Pablo Villacís
La condena a Juan Carlos Calderón y Christian Zurita de pagar al Presidente USD 2 millones puede ser leída como un elemento que crea un ambiente hostil a la libertad de expresión.
Análisis Pablo Villacís, Director Ciudadanía Informada
La jueza Quinta de lo Civil de Pichincha sentenció a los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores del libro de los contratos del hermano del Presidente, a un pago de USD 2 millones por daño moral y de 100 mil dólares a los abogados del Mandatario por honorarios.
¿Qué significa esta sentencia de primera instancia? Para los dos periodistas, cuyo pecado fue contar a los ciudadanos en su libro la historia de una serie de contratos realizados por el hermano del Presidente Fabricio Correa con el Estado, representa una cifra astronómica que no podrán pagar jamás. Primero porque no cuentan con esos recursos y, segundo porque la sentencia desproporcionada a la realidad, a sus ingresos y a su patrimonio familiar. El único camino que les queda es apelar la sentencia y esperar que en segunda instancia para que un juez pueda desechar o acoger la actual sentencia.
Lo más grave de la sentencia es la señal que envía la “nueva justicia” a los ecuatorianos: que el derecho a saber de los ciudadanos, es decir, lo que hacen las autoridades con los recursos públicos no podrán seguir conociendo porque simplemente losperiodistas tendrán miedo de realizar sus investigaciones; con ello se abona a crear un ambiente hostil para el desarrollo de un ejercicio profesional libre y, en la práctica, puede atentar a la libertad de expresión, que por cierto debe ser garantizada por las autoridades elegidas democráticamente, haciendo respetar lo que dice la Constitución.
Fuente: CiudadaníaInformada
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